La deuda pública, en el 100% en 2016, dificulta cumplir la Ley de Estabilidad

La recesión, el insuficiente ajuste en materia de déficit y la falta de fuelle en reformas clave, como la de la Administración, amenazan con dejar en papel mojado una de las leyes estrella del Gobierno de Mariano Rajoy: la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LEP), promulgada el 27 de abril de 2012.

Dicha norma fija un tope del 60 por ciento para la deuda pública en 2020, un objetivo harto difícil de lograr a la luz de las previsiones oficiales del Gobierno, que sitúan el pasivo público en el entorno del 100 por cien del PIB en 2016, lo que obligaría a reducir el endeudamiento en 40 puntos de PIB (más de 400.000 millones) en tan sólo cuatro años, entre 2016 y 2020.

La Ley de Estabilidad fue anunciada a bombo y platillo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Fija límites estrictos de déficit, deuda y gasto para las Administraciones -con un periodo transitorio hasta 2020-, así como cambios en los mecanismos de sanción.

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