Industria se queda sola en su propuesta de retribución para las renovables

Desoyendo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión de la Competencia, la Comisión Europea y ahora el Consejo de Estado y haciendo caso omiso de las protestas del sector, el Gobierno aprobaba el 20 de septiembre el proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

Una de las normas que más ampollas ha levantado, y que afecta a las renovables, cogeneración y residuos, es el RD-L 9/2013 en el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Entre otras medidas, el decreto sustituye las primas por un sistema de retribución específico, aplicable con carácter retroactivo, que se basará en unos estándares de los costes de inversión y operación de una instalación tipo que habrá que calcular tomando como referencia una empresa eficiente y bien gestionada, y que tendrán en cuenta, entre otros criterios, la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento.

Para la elaboración de estos parámetros, Industria ha contratado a Roland Berger y Boston Consulting, cuyo informe, según el titular de Industria, José Manuel Soria, estará listo en la primera quincena de noviembre. El estudio, que se realizará con datos públicos, incluirá, por un lado, un análisis histórico de las variables de costes y, por otro, hipótesis sobre los costes a futuro. Tanto uno como otro se harán por costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible), por tecnologías y por año de puesta en operación (hasta 2013 para el histórico y desde 2014 hasta 2020 para el futuro). En el caso de los territorios extrapeninsulares la situación varía, ya que se establece un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables, cosa que ha contado con alguna crítica dentro del sector. La propuesta de orden ministerial a la que tuvo acceso elEconomista fija la nueva retribución para las eólicas y fotovoltaicas, cuya asignación se realizará mediante un mecanismo de subastas. En el caso de la eólica en Canarias, se establece un procedimiento alternativo de otorgamiento del régimen retributivo específico al objeto de acelerar la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y posibilitar la reducción de los costes de generación en el plazo más breve posible. Todos los actores implicados están que trinan. En el caso de la fotovoltaica, y según apunta Jorge Barredo, presidente de Unef, “en tres años se han desarrollado cinco normativas retroactivas contra nuestro sector, que han reducido su rentabilidad en más de un 30 por ciento, situando a los proyectos a las puertas deldefault y obligando a los inversores a renegociar sus créditos en condiciones de indefesión respecto de las entidades financieras”.

See on www.eleconomista.es